EL CASO ISADORA
En febrero de 2007 la Guardia Civil registró la basura del centro abortista Isadora en Madrid, encontrando buen número de fetos, además de medicinas prohibidas y algún registro de pacientes.
Al margen de cómo hubieran sido asesinadas esas criaturas (es decir, si su ejecución correspondía a algún supuesto del delito de aborto despenalizado), según el art. 3 del decreto autonómico 83/1999, en Madrid los fetos no son residuos biosanitarios ("residuos biocontaminantes" del tipo III que se incineran en bidones como los que la Guardia Civil examinó en Isadora), sino que entran dentro del tipo IV, "cadáveres y restos humanos de entidad suficiente", gestionado conforme a los Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria. Sin embargo, cuando Isadora fue acusada de arrojar fetos a la basura,
se mintió a la opinión pública afirmando que los fetos son residuos biocontaminantes, y sólo cuando el diario LA GACETA publicó fotos de los fetos junto con la mención de ese engaño, el Juzgado de Instrucción 47 retomó las diligencias del caso 1996/2007.
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